Soberanía y libertad

Es muy común entre el ciudadano de a pie, el más común de los mortales, argüir inocentemente que la democracia y el sistema de valores que ésta defienden son los más fieles garantes de su libertad, o la creencia de que toda soberanía se funda sobre el papel de los partidos políticos, auténticos e indiscutibles depositarios de la voluntad popular, y que fuera de ésta no es posible la realización de una Comunidad Política, y que fundarla sobre otras bases distintas a las expuestas, o incluso contrarias a las mismas, no sería sino la expresión de una sangrienta y deleznable dictadura.
Es más que evidente que estos asertos son el producto de una ficción ideológica, de una falsificación, que es aquella que Rousseau definía como el «contrato social», a partir del cual se generaba la sociedad, como el fruto de un acuerdo entre iguales, un cúmulo de voluntades individuales que entran en contradicción directa con la pretendida voluntad colectiva, de la soberanía popular a la que tan pomposamente nos remite la retórica demoliberal. La realidad es que el hombre no es el producto de ningún acuerdo, y si es capaz de ser gregario y convivir con sus semejantes, es porque de manera preexistente, una serie de atributos comunes, como son las tradiciones, el arraigo, la costumbre, la historia o un amplio cúmulo de elementos naturales y de civilización prevalecen, de manera orgánica, sobre cualquier otra variable.
Asimismo la naturaleza de toda forma de poder político representa una desigualdad de facto, totalmente lógica y natural, en la medida que no todas las personas son acreedoras de los mismos valores y cualidades personales, de la propia desigualdad nace el sentido jerárquico del poder, y la necesidad de que aquellos más cualificados en las tareas de gobierno tengan mayor responsabilidad y capacidad de decisión que aquellos que, por ejemplo, no son capaces de desarrollar más que tareas manuales o solamente sepan obedecer.
La voluntad general es otro de los conceptos recurrentes dentro del ámbito ideológico y terminológico de los teóricos demoliberales, un concepto igualmente ficticio cuando no contradictorio. Debemos entender esa voluntad general como sinónimo de soberanía del pueblo y expresión de una mayoría, y vendría a ser el producto de la suma de las voluntades individuales al servicio del interés común. La ficción llevada al límite de la paradoja y la incongruencia en la medida que el propio Rousseau, valedor fundamental de este concepto, consideraba que cada voluntad es divergente y egoísta. ¿Cómo es posible que la suma de una multitud de voluntades divergentes sea capaz de generar una sola voluntad, inequívocamente unitaria y homogénea? Es algo que carece del sentido más elemental, cuando no una muestra más del irrealismo en el que se asienta el aparato ideológico del liberalismo político y la democracia moderna.

En este sentido hay otro elemento fundamental para comprender el funcionamiento de las democracias modernas: la división de poderes, y con ésta la diferenciación de un poder legislativo, que en teoría sería vehiculizado por el pueblo, y otro ejecutivo, que sería el poder detentado por los parlamentos y la clase política actuante a través del sistema de partidos, una democracia indirecta y parlamentaria donde la masa es susceptible de ser instrumentalizada a placer, lo que predomina en la Europa actual. Curiosamente aquí entraríamos en contradicción directa con el supuesto carácter imprescriptible, inalienable e indivisible de la soberanía, un precepto básico de la revolución de 1789. Al margen de las contradicciones reveladas, es evidente que todo el aparataje burocrático e institucional reducen al Estado y a sus instrumentos a meras piezas de un engranaje político impersonal, inorgánico y sin capacidad de decisión más allá de los encorsetados y estériles discursos y acciones de la democracia parlamentaria.

La soberanía es un atributo que pertenece al Estado, y cuyo desarrollo es una función que requiere de cualificación y dotes superiores. Hay una relación orgánico-jerárquica entre el Estado y el Pueblo, en la que la categoría funcional del primero convierte en subordinado al segundo. El autogobierno democrático sería imposible desde cualquiera de las perspectivas, materialmente imposible en la medida que la masa no puede ejercer de forma directa, ni indirecta, el poder, y cuando este se delega en los parlamentos o en una pretendida pluralidad democrática representada por el sistema de partidos, es evidente que esa pretendida voluntad popular acaba por desfigurarse y prostituirse, para terminar representando los intereses de las grandes oligarquías plutocráticas, y mediante los parlamentos, empleados como una mera pantalla, como una especie de ensayo circense donde todo debate político queda eclipsado por el parloteo vacuo que representan las acusaciones y reproches que nada resuelven.
Desde los primeros teóricos de la democracia liberal moderna y la filosofía iluminista que inspiró sus «inmortales principios», hay cosas que no han cambiado en absoluto, tales como la instrumentalización de la masa —desmovilizada y despolitizada— pero no porque se sostenga la teoría orgánico-cualitativa que hemos expuesto someramente, sino porque la propia lógica de las democracias liberales modernas exige una masa escasamente politizada, a lo sumo movilizada cada cuatro años, y convenientemente anestesiada, para que no adquiera conciencia alguna del engaño masivo que supone tanto la pretendida soberanía popular, como el papel de las instituciones parlamentarias erigidas por el liberalismo, que no pasan de ser sino un simulacro que sirve a un status quo en el que se da una apariencia de que todas las decisiones se basan en el consenso y la sanción del electorado, de una masa anónima, pasiva y conformista que padece de una especie de síndrome de Estocolmo.
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